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El Gobierno ha puesto la velocidad de crucero en una ley que pretende defender los intereses de unos sectores \u2014el cultural y el editorial\u2014 muy castigados por la crisis y la pirater\u00eda. En apenas cinco meses, el Ministerio de Educaci\u00f3n, Cultura yDeportes ha conseguido que el Consejo de Ministros apruebe la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), la remita al Congreso, se debatan las enmiendas totales y llegue antes del par\u00f3n estival a la Comisi\u00f3n de Cultura, donde ayer se aprob\u00f3 por 22 votos a favor y 20 en contra. Se trata de una primera fase: luego se remitir\u00e1 al Senado y finalmente volver\u00e1 a la C\u00e1mara baja.<\/p>\n
Se trata de una ley que incluye una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica para los editores por el uso por parte de los agregadores de noticias de aquellos contenidos que est\u00e1n protegidos por el derecho de autor. Una protecci\u00f3n \u00abnecesaria\u00bb, a juicio de la Asociaci\u00f3n de Editores de Diarios Espa\u00f1oles, que ha insistido durante estos meses en que es \u00abfundamental\u00bb reconocer este derecho de los peri\u00f3dicos y revistas. No obstante, la Izquierda Plural y UPyD est\u00e1n en contra de esta compensaci\u00f3n, mientras socialistas y convergentes piden que se ampl\u00ede a periodistas y fot\u00f3grafos. Esta reparaci\u00f3n estar\u00e1 establecida por el Centro Espa\u00f1ol de Derechos Reprogr\u00e1ficos, que deber\u00e1 fijar, recaudar y repartir entre los editores.<\/p>\n
Una vez aprobada la LPI en septiembre u octubre, se abrir\u00e1 un plazo de tres meses para fijar la compensaci\u00f3n. Si no se llega a un acuerdo, ser\u00e1 la Secci\u00f3n Primera de la Comisi\u00f3n de Propiedad Intelectual la encargada de fijar la tarifa y abrir\u00e1 un nuevo plazo de cinco meses para su implantaci\u00f3n mediante acuerdo entre las partes.<\/p>\n
La ley contempla tambi\u00e9n un reforzamiento de esa comisi\u00f3n y una ampliaci\u00f3n de sus responsabilidades en caso de pirater\u00eda.De esta manera se perseguir\u00e1 a los alojadores de servicios y contenidos ilegales y a aquellos usuarios que redirijan o faciliten los enlaces a estas webs con contenido protegido en su autor\u00eda.<\/p>\n
La norma contempla que los anunciantes y los intermediarios puedan ser multados, requeridos e incluso se pueda solicitar al juez el bloqueo de la web. Las penas ir\u00e1n desde los 30.000 a los 300.000 euros. Unas medidas que intentan frenar una sangr\u00eda econ\u00f3mica para el sector cultural. Seg\u00fan los datos del Observatorio de la Pirater\u00eda, el 84% de todos los contenidos consumidos en la red son piratas, lo que represent\u00f3 una p\u00e9rdida de m\u00e1s de 16.000 millones en 2013, seis puntos m\u00e1s que en el ejercicio anterior. \u00abLa pirater\u00eda ha frustrado la creaci\u00f3n de 26.000 empleos en solo un a\u00f1o y ha impedido que el Estado ingrese 526 millones\u00bb, record\u00f3 Carlota Navarrete, directora de la Coalici\u00f3n de Creadores e Industrias de Contenidos, en la presentaci\u00f3n del informe sobre la situaci\u00f3n de esta materia en diversos pa\u00edses del mundo, donde Corea del Sur y Estados Unidos est\u00e1n a la vanguardia en la defensa de los derechos de autor. De hecho, esta ley pretende adecuar la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola a dos directivas europeas de los a\u00f1os 2011 y 2012, y tambi\u00e9n incluye un apartado concreto para el uso de obras protegidas en la ense\u00f1anza y la investigaci\u00f3n que ha causado no poca controversia entre los partidos de la oposici\u00f3n por entender que constituye \u00abun exceso\u00bb<\/p>\n
Fuente: El Diario de Le\u00f3n.es 23-07-2014<\/strong><\/p>\n\n\n