El Gobierno ha puesto la velocidad de crucero en una ley que pretende defender los intereses de unos sectores —el cultural y el editorial— muy castigados por la crisis y la piratería. En apenas cinco meses, el Ministerio de Educación, Cultura yDeportes ha conseguido que el Consejo de Ministros apruebe la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), la remita al Congreso, se debatan las enmiendas totales y llegue antes del parón estival a la Comisión de Cultura, donde ayer se aprobó por 22 votos a favor y 20 en contra. Se trata de una primera fase: luego se remitirá al Senado y finalmente volverá a la Cámara baja.

Se trata de una ley que incluye una compensación económica para los editores por el uso por parte de los agregadores de noticias de aquellos contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Una protección «necesaria», a juicio de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que ha insistido durante estos meses en que es «fundamental» reconocer este derecho de los periódicos y revistas. No obstante, la Izquierda Plural y UPyD están en contra de esta compensación, mientras socialistas y convergentes piden que se amplíe a periodistas y fotógrafos. Esta reparación estará establecida por el Centro Español de Derechos Reprográficos, que deberá fijar, recaudar y repartir entre los editores.

Una vez aprobada la LPI en septiembre u octubre, se abrirá un plazo de tres meses para fijar la compensación. Si no se llega a un acuerdo, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la encargada de fijar la tarifa y abrirá un nuevo plazo de cinco meses para su implantación mediante acuerdo entre las partes.

Multas a intermediarios

La ley contempla también un reforzamiento de esa comisión y una ampliación de sus responsabilidades en caso de piratería.De esta manera se perseguirá a los alojadores de servicios y contenidos ilegales y a aquellos usuarios que redirijan o faciliten los enlaces a estas webs con contenido protegido en su autoría.

La norma contempla que los anunciantes y los intermediarios puedan ser multados, requeridos e incluso se pueda solicitar al juez el bloqueo de la web. Las penas irán desde los 30.000 a los 300.000 euros. Unas medidas que intentan frenar una sangría económica para el sector cultural. Según los datos del Observatorio de la Piratería, el 84% de todos los contenidos consumidos en la red son piratas, lo que representó una pérdida de más de 16.000 millones en 2013, seis puntos más que en el ejercicio anterior. «La piratería ha frustrado la creación de 26.000 empleos en solo un año y ha impedido que el Estado ingrese 526 millones», recordó Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, en la presentación del informe sobre la situación de esta materia en diversos países del mundo, donde Corea del Sur y Estados Unidos están a la vanguardia en la defensa de los derechos de autor. De hecho, esta ley pretende adecuar la legislación española a dos directivas europeas de los años 2011 y 2012, y también incluye un apartado concreto para el uso de obras protegidas en la enseñanza y la investigación que ha causado no poca controversia entre los partidos de la oposición por entender que constituye «un exceso»

Fuente: El Diario de León.es 23-07-2014